"Teresa sola no puede nada. Teresa con Dios puede mucho. Teresa con Dios y con dinero lo puede todo"
Santa Teresa de Ávila
Enero 2000
El reciente escándalo ocurrido al conocerse un nuevo "pelotazo" económico, esta vez de los directivos de Telefónica, ha sido aprovechado por la Iglesia para denunciarlo como una "ofensa a los pobres". El presidente de la Conferencia Episcopal denunció "el enriquecimiento súbito y espectacular" por no ser "moral ni ético", añadiendo que ofende "a los 8 millones de pobres que hay en España"; el obispado de Bilbao afirmó que "los pelotazos financieros de hoy plantean los mismos interrogantes éticos que las corruptelas de ayer. No vale decir que entonces había responsabilidades y hoy no las hay"; y el Cardenal Carles de Barcelona cuestionó que se pueda definir como trabajo "aquello que solo se hace moviendo papeles de casa", calificándolo como "especulación fría, lejana y pasiva".
Pocas demostraciones de cinismo más grandes se han podido ver por parte de la Iglesia católica española en las últimas décadas. No nos referimos con esto a la relación privilegiada que esta secta mantiene con el estado, que la financia generosamente y permite a sus jefes vivir fenomenalmente bien sin tener que trabajar, gracias al sudor ajeno. O al hecho de que el compromiso de la Iglesia con los pobres de este país es minúsculo, según han denunciado incluso los llamados curas obreros recientemente (El País, 22-5-1999), y que se puede reducir a la utilización que hace la Iglesia de los pobres para sacar una sustanciosa financiación extra del estado, a través de sus ONGs. No, nos referimos a la implicación directa de la Iglesia en la actual economía especulativa, algo a lo que no se hace la más mínima referencia. Un breve vistazo a algunos detalles de esta implicación pondrán un poco de luz sobre este tenebroso asunto, y nos llevan a plantear si su queja so se debe más bien a no haber recibido una parte del "pastel" de Telefónica.
La Iglesia y la usura
El mismo día en que la prensa española publicaba en la sección nacional las denuncias de la Conferencia Episcopal contra el pelotazo en Telefónica, podía leerse en la sección de sociedad de esos mismos periódicos detalles sobre otro gran escándalo económico, esta vez en Italia, que afectaba de lleno a la Iglesia ("La fiscalía italiana pide el procesamiento por supuesta usura del Cardenal de Nápoles", El País 20-11-1999), y que puede suponer que por primera vez en la historia italiana sea juzgado un alto cargo de la Curia vaticana. Curiosamente, ningún periódico pidió a los obispos españoles su opinión sobre este caso de "especulación fría", ni se compararon las quejas de la Iglesia con sus actividades.
El Cardenal y la usura
Michele Giordano, el Cardenal de Nápoles acusado de ser el jefe de un clan de usureros, realizaba las transferencias de dinero a través de sus familiares. Esto ha sido reconocido por sus propios abogados, que aseguran que el dinero era exclusivamente para su hermano Mario Lucio, ya que "atravesaba dificultades económicas" (El País, 20-12-1999).
El Cardenal y la usuraMichele Giordano, el Cardenal de Nápoles acusado de ser el jefe de un clan de usureros, realizaba las transferencias de dinero a través de sus familiares. Esto ha sido reconocido por sus propios abogados, que aseguran que el dinero era exclusivamente para su hermano Mario Lucio, ya que "atravesaba dificultades económicas" (El País, 20-12-1999).
Según lo descubierto hasta ahora por la fiscalía italiana, Girodano implicó en sus actividades a su hermano (que hablaba con los empresarios en apuros, al que entregó un talonario de cheques en blanco firmados), el sobrino de éste, Nicola, así como los dos hijos de éste. De esta forma, todo quedaba en familia.
Un hecho destacado es que Giordano era, hasta que surgió el escándalo, uno de los cardenales con más posibilidades de ser elegido Papa, lo que debería haber hecho reflexionar sobre el asunto a más de uno, ya que los favores a familiares han sido uno de los hechos más normales en la historia del papado.
Sin ir más lejos, Pio XII, el llamado Papa de Hitler (1939-1958), una vez llegado al poder instaló en los más altos puestos del Vaticano a tres de sus nietos, Marcantonio, Carlo y Giulio. Entre dichos puestos no sólo estaban cargos oficiales dentro de la administración vaticana, sino también en las empresas controladas directamente por la Santa Sede, que incluían bancos, sociedades de seguros, constructoras, empresas farmacéuticas, fábricas de cerámica, editoriales... y esto por solo nombrar algunas (Karlheinz Deschner, "Ein Jahrhundert Heilsgeschichte", Tomo 2, p.293-295).
Con semejantes predecesores (Pio XII va a ser declarado santo) no es de extrañar que Giordano declare "Yo estoy limpio por dentro y en el cielo lo saben" (El País, 20-11-1999). Os traicionó la impaciencia, monseñor.
El Cardenal de Nápoles, cuyo rango en el interior de la jerarquía eclesiástica es sólo inferior al de propio Papa, es acusado de usura, asociación delictiva y apropiación indebida de bienes. Según la fiscalía italiana, el Cardenal, jefe de la tercera diócesis más importante de Italia (después de Milán y Roma) era el cerebro de "una organización de usureros, diplomáticamente llamada 'cooperativa de crédito'" localizada en la región natal del Cardenal, que "identificaba a empresarios con dificultades económicas y los dirigía... al hermano del cardenal, quien les ofrecía prestamos con un interés de hasta el 300% anual" (El Mundo, 20-11-1999). esta actividad de corte mafioso, totalmente prohibida, generaba grandes beneficios al clan de usureros, ya fuese por el cobro de los créditos más los intereses, o por el apropiarse de las propiedades de quien no pudiese devolver lo recibido (lo que les pasaba a no pocos de ellos).
De esta forma, aprovechando la crisis económica que azota a la clase media italiana en los últimos tiempos, el Cardenal podía imponer de manera silenciosa su control en los círculos económicos de la región, lo que equivale a decir que el poder dela Iglesia se ampliaba. Y el negocio debía de ir viento en popa, ya que el cardenal no solo invirtió parte de los ingresos de la diócesis y llevó a cabo actividades especulativas en el sector urbanístico con terrenos de ésta para obtener más dinero que poder invertir, sino que además se dedicó a utilizar sus propios fondos personales en el asunto. Todo el dinero así reunido era transferido a la organización, que controlaba "a través de un vertiginoso movimiento de cheques y transferencias bancarias" (El Mundo, 20-11-1999) en una operación típica de ingeniería financiera de la cual la fiscalía italiana ha descubierto una parte, por valor de 150 millones de pesetas.
Nada más saberse que se estaba investigando al Cardenal, tras ser registrado el Palacio del arzobispado en Nápoles (verano de 1998) y hacerse público que existían grabaciones telefónicas de dicho palacio que mostraban claramente la implicación del Cardenal en toda la trama, el Vaticano montó en cólera, denunció la investigación y protestó ante el gobierno italiano. Según el Vaticano, se estaban violando varias cláusulas del Concordato entre Italia y la Santa Sede que garantizan la casi total invulnerabilidad de los representantes eclesiásticos en Italia, así como la inviolabilidad de sus sedes en territorio italiano, privilegios que datan de la dictadura de Mussolini. Aún no está claro como acabará el asunto, pero varias señales dan a entender que el asunto acabará enterrándose; así, mientras el portavoz del Vaticano, el español (y miembro del Opus Dei) Joaquin Navarro Valls se negaba a comentar la solicitud de procesamiento, el presidente de la Conferencia Episcopal italiana (CEI), el Cardenal Camilo Ruini, se reunía con el Cardenal de Nápoles al saberse la petición de la fiscalía, y restó importancia a los hechos ante la prensa: "estamos tranquilos", afirmó.
El Cardenal y los traficantesTras 21 años al cargo de la Archidiócesis de Tolosa, el actual Cardenal Carles fue nombrado en 1990 arzobispo de Barcelona. A la luz de lo que hoy sabemos, es divertido enterarse de que Carles, antes de estar implicado en el tráfico de materiales radioactivos válidos para fabricar armas atómicas, "fue nombrado en 1974 tortosino del año por su postura antinuclear" (El Mundo, 9-6-1996).
Carles se distanció de sus compañeros de la curia nacional al criticar públicamente las emisiones de Antonio Herrero en la COPE (el cual, por cierto, falleció accidentalmente en medio del escándalo). Estas declaraciones, no obstante, han de verse desde la óptica adecuada, y no aquella que se nos ha querido vender, ya que Carles intervino en la polémica al día siguiente de publicar El País un artículo profundizando un poco en las finanzas de la Iglesia, suceso ocurrido el mismo día en que parlamentarios del PSOE amenazaban con tirar de la toalla y destapar lo que ocultan las finanzas de la Iglesia española, algo que sin duda habría sacado a la luz varios aspectos desconocidos de la trama del "Caso Carles".
De carácter extremadamente conservador (es miembro del Opus Dei o, como mínimo, es uno de los principales apoyos de la "Obra" en España), su sensibilidad social frente al drama que viven cientos de miles de personas en Cataluña debido al neoliberalismo salta a la vista con declaraciones como que "el aborto es la peor lacra de Cataluña" (El País, 12-7-1997), o que "en el fondo de muchas crisis familiares lo que falta es una experiencia religiosa", al referirse al drama que sufren cientos de miles de familias en paro. Con semejante análisis, no es de extrañar que a continuación añadiese "Cuando hablo de justicia social, nadie me hace caso" (ABC, 7-3-1999).
"Un Cardenal entre los traficantes" (Corriere della Sera, 2-11-1995)
La tranquilidad de la Curia italiana ante este proceso nos lleva a echar un vistazo a otro caso similar, pero de mayor calado, ocurrido en España. Este ejemplo, más cercano, nos lo ofrece el Cardenal Carles, de Barcelona, que frente al escándalo de Telefónica no solo ha criticado "que algunos, sin moverse de casa, tengan esas ganancias" (tema que, según dice, le "preocupa muchísimo"), sino que ha llegado a pedir la actuación de la Justicia contra Telefónica: "Aquí falta alguna cosa. Aquí, la fiscalía tiene que actuar" (La Vanguardia, 20-12-1999). ¿Solo "Aquí"?
La complacencia de la prensa española frente a individuos como este demuestran hasta que punto están domesticados nuestros periodistas (nuestra prensa es la que más concentrada en menos manos de toda Europa). Que un pez gordo que ha sido hace poco acusado de delitos económicos aún mayores que los de los ejecutivos de Telefónica, y que logró salir indemne gracias a la protección de la justicia (bajo un gobierno del PSOE) no reciba el más mínimo toque de atención cuando pide la actuación de la justicia contra delitos mucho menores que los suyos, y se permita además dar clases de ética, no tiene nombre. Sin duda, el "Aquí" de Carles fue un lapsus que dice mucho de la psicología de la casta clerical española, que da por supuesta su invulnerabilidad.
El "Caso Carles" comenzó el 14 de octubre de 1995, cuando se supo que una operación policial contra una banda internacional de delincuentes implicaba a la curia catalana, según un coronel de los Carabinieri italianos. Dicha "multinacional" del crimen se dedicaba al tráfico de armas, sustancias radioactivas, oro, joyas y papel moneda, así como de blanqueo de dinero a gran escala, y su área de actuación abarcaba el mundo entero, estando repartida en al menos 20 países. Entre sus miembros había de todo: el fascista ruso Zhirinovski, el hijo del fallecido dictador del Zaire Mobutu, el ex-jefe de la logia italiana de extrema derecha Licio Gelli, el ministro de interior de la dictadura nigeriana o incluso un coordinador del transporte de alimentos a países del llamado tercer mundo, que así encubría sus actividades de tráfico de armas.
Carles y Pujol
Pero esto no era más que la punta del iceberg. Las investigaciones se centraron en una gigantesca operación de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de moneda kuwatí puesta fuera de circulación, tras la Guerra del Golfo, que sirvo para financiar a los ejércitos católicos de la ex-Yugoslavia (Croacia y Eslovenia). Y se descubrió que en el centro de todo estaba el IOR (Instituto para las Obras de Religión), el banco del Vaticano, que se encargó de blanquear, como mínimo, 100 millones de dólares, según los primeros resultados de la operación. Mediante conversaciones telefónicas intervenidas por la policía se pudo saber, además, quién había sido el promotor de dicha operación, y al mismo tiempo el encargado de "avalarla" ante el Vaticano: el Cardenal Carles de Barcelona.
Una vez estallado el escándalo, la posición de la Iglesia fue de apoyo total al Cardenal. No solo el Papa le expresó su apoyo son fisuras, así como la conferencia episcopal catalana, que cerró filas en torno a el, denunciando el tratamiento calumnioso sufrido, según ellos, por Carles, o el propio Elias Yanes, jefe de la Iglesia española, que declaró que consideraba a la justicia italiana (que a diferencia de la española se atreve a acusar a altos cargos de la Iglesia) poco seria, y "copada por los comunistas". Los partidos políticos también se solidarizaron rápidamente con Carles, ya fuese el propio presidente del gobierno (PSOE), o desde la Generalitat de Cataluña, como hizo el mismo Jordi Pujol, de CiU, que aseguró vivir la situación del Cardenal "con indignación. Es una vergüenza", declaró. Este apoyo al Cardenal se debió sin duda al hecho de que dentro de la coalición CiU una de las organizaciones que tienen mucha influencia es el Opus Dei, al que pertenece Carles, así como al apoyo mostrado en todo momento por la Iglesia catalana a Pujol, cuyo partido ha sufrido varios casos de corrupción y financiación ilegal (en casos como el de Prenafeta, del circulo íntimo de Pujol, o del Caso Casinos). Y por cierto, la justicia se ha inhibido siempre en cada uno de estos casos, que han acabado todos sobreseidos.
La justicia del PSOE
Durante todo el escándalo, "Aquí" la justicia española si intervino... pero para proteger al Cardenal. Su abogado fue nada menso que Eugeni Gay, presidente del Consejo de la abogacía española, y recibió total protección por parte del gobierno de la época, del PSOE, cuyo ministro de Justicia e Interior, Alberto Beloch, rechazó sistemáticamente cualquier intento de la judicatura italiana de interrogar al Cardenal. Esta postura, apoyada por todo el gobierno (con Felipe Gonzalez de presidente de gobierno), imposibilitó cualquier actuación italiana, por lo que con razón el fiscal encargado del caso la calificó de "incomprensible", y de "decisión política", y reiteró al conocerla su convencimiento de que la pista que implicaba al Cardenal era la justa, añadiendo que "nuevos elementos" descubiertos en la investigación probaban la implicación de Carles hasta tal punto que "hacen incluso superflua la rogativa (para poderle interrogar) que nos ha sido negada". Con las nuevas pruebas, Carles pasó de la categoría de testigo a estar acusado de estar implicado en el caso, y se pido comprobar la implicación de la Curia barcelonesa en todo el asunto.
Ha de hacerse aquí hincapié en que precisamente el mismo año en que el PSOE apoyaba a Carles desde el poder, los socialistas sacaron adelante un nuevo Código Penal, denominado entonces como "el Código Penal de la democracia", y que ha resultado ser "mucho más duro" que el anterior, según Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal (El Mundo, 26-7-1999), que afirma además que debido a "la tendencia al endurecimiento que lo caracteriza... va a haber una superpoblación en las cárceles". El magistrado Alberto Jorge Barreiro, de la Sección 15 de la Audiencia Nacional de Madrid, afirma además que el "Código Penal de la Democracia" implica "una subida real" de las penas: "Antes se cumplía aproximadamente el 40% de la condena real y ahora se cumplirán dios tercios", y el abogado penalista Gonzalo Martínez, con más de 25 años de ejercicio, afirma que el nuevo Código "es muy duro" (El País, 23-2-1998). No obstante, es duro según con quien: "El Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha criticado la reducción de cinco a tres años en el nuevo Código del periodo de prescripción de algunos delitos económicos, dado que el cohecho o la falsedad documental son de difícil persecución en tan poco tiempo" (El País, 23-2-1998).
El fiscal del Opus
Siguiendo muy de cerca las lineas en materia judicial marcadas por el PSOE, el PP nombró en mayo de 1997 fiscal general del estado a Jesús Cardenal, nacido en 1930 en Pesquera de Duero (Valladolid), y que tras iniciar estudios eclesiásticos se pasó a la carrera de derecho, afiliándose además al Opus Dei. En 1960 pasó a ejercer como fiscal en la audiencia provincial de Vizcaya, donde estaría durante 37 años, siendo nombrado en 1989 fiscal jefe del país vasco.
Acusado de ser un franquista duro y, por si fuera poco, del Opus Dei, responde que "En cuanto a lo de franquista, hombre,e s verdad que yo estuve en una época... Pero cuando va pasando el tiempo, vas cambiando..." (El País, 21-11-1999); no obstante, sigue echando de menos los comportamientos de antaño "auténticamente honrados" (las corruptelas bajo el fascismo eran legales) que han pasado a ser "inservibles restos de un pasado que ya está muerto".
Relacionado con la represión del estado en la zona, fue conocido por primera vez tras la publicación de la Memoria de la Fiscalía vasca, en la cual afirmó que "el pluralismo y la libertad" tienen como consecuencia "un descenso ético de la sociedad", lo que se manifiesta en la aceptación social de "el divorcio, el reconocimiento de las parejas homosexuales, la demandada posibilidad de que estos puedan adoptar a menores, la despenalización y, en un futuro próximo, la protección oficial a la difusión de anticonceptivos... y otras del mismo calibre".
Cardenal afirma que habría aceptado "¡sin ninguna duda!" el cargo bajo un gobierno del PSOE, y dada su afinidad con algunas tesis de este partido (y de IU), como sus críticas a la sentencia contra el juez Gómez de Liaño, o su postura contraria a juzgar a Pinochet (en la que coincide con Felipe Gonzalez) bien podría haberlo sido...
Con un concepto de justicia en el que al pueblo llano se le trata a golpes, y a los integrantes de la casta económica del país con delicadeza cundo cometen alguna estafa, no es de extrañar que el PSOE encubriese las espaldas de Carles. El proceso italiano concluyó con condenas contra 60 integrantes de la banda (ninguno de ellos un pez gordo) y, al dar por imposible cualquier acción contra Carles debido a la oposición frontal del estado español, Italia remitió a España una certificación "equivalente" (pero no igual) al sobreseimiento de las acusaciones. Al hacerse público, el también Cardenal español Angel Solano, secretario de estado del Vaticano, transmitió a Carles "en nombre del Papa los sentimientos de confianza y respeto" que le inspira (El País, 17-3-1998).
Capitalismo e Iglesia en España, hoy
Nada más conocerse las acusaciones contra Carles, el Papa (jefe del IOR, donde se blanqueaba el dinero) reaccionó rápidamente, nombrando a Carles asesor económico del Vaticano (El Mundo, 9-6-1996), en un gesto que combinaba un apoyo claro, así como una amenaza a la justicia italiana. No todos tuvieron el mismo apoyo: ese mismo día se producía en Cataluña la "extraña dimisión" del delegado de finanzas del arzobispado catalán, Abel del Ruste, hecho este que "desconcertó a la sociedad catalana" (debido sin duda a las afirmaciones del clero de que eran todo calumnias). Abel del Ruste está considerado como "una de las personas que mejor maneja el dinero en España" (El Mundo, 9-6-1996), y era el encargado de las cuentas de la diócesis desde 1991.
El nombramiento de Carles es destacable, ya que de esta forma pasó a formar parte de una selecta y restringida comisión formada por 15 Cardenales encargada de supervisar las cuestiones económicas del Vaticano, que se reúne dos veces al año, y cuya tarea principal es supervisar las actividades del IOR (El Mundo, 27-11-1995). Esto nos lleva a dos sucesos especialmente señalables.
El primero se debe a que el IOR está dotado de un consejo de administración, creado en los años 80 tras un desfalco monumental protagonizado por el banco del Vaticano. Este Consejo de Administración está formado por 5 banqueros de importancia internacional "afines" al Vaticano, y uno de ellos es Philippe de Weck, ex-presidente de la Unión de Bancos Suizos (UBS) de Lugano. Y se da la casualidad de que la UBS era uno de los implicados en la trama internacional del "Caso Carles" (los otros eran el Bair Bank de Zagreb, el Lloyd's de Londres y un banco de Bruselas no identificado. El Pais, 15-10-1995).
El segundo es el hecho de que parte del blanqueo del dinero de la trama fue realizado en España, y resulta que un miembro del Consejo de Administración del IOR es nada menos que Jose Angel Sanchez Asain, que era copresidente del BBV (Banco Bilbao-Vizcaya) al ser nombrado para el cargo a mediados de 1989 (los demás miembros del Consejo son Angelo Caloia, presidente del Mediocrédito Lombardo, Theodor E. Pietzcker, director del Reutsche Bank (el banco más importante de la Europa continental y dueño de la Europa del este tras la caída del muro) y, por último, el abogado neoyorquino Thomas Macioce (ABC, 21-6-1989).
A esta constelación de alianzas financieras del Vaticano ha de subrayarse el gran peso de la Iglesia dentro del gran capital español: tras la concentración bancaria llevada a cabo recientemente en nuestro país, existen sólo dos grandes grupos financieros. Uno de ellos es el del BBV, ya nombrado, y el otro es el del Central-Santander, estando el Central estrechamente relacionado con el Opus Dei ya bajo Franco, mientras que en el Santander el Opus también está bien situado, siendo nada menos que la propia esposa de Botín, jefe del superbanco, miembra de la "Obra" (al igual que el Cardenal Carles)
La protección jurídica del Control clerical
Junto a la alianza del capital español con los curas es de destacar que la presencia directa de la Iglesia en la economía, encubierta bajo el manto de la discreción, está protegida por los acuerdos entre el estado español y el Vaticano, según se ha destapado (en parte) recientemente en Andalucía.
La aprobación el pasado 1 de diciembre por el Parlamento andaluz de la ley autonómica de Cajas de Ahorros (con el rechazo del PP) provocó de inmediato una reacción visceral de la Iglesia, a pesar de que el presidente del gobierno andaluz se entrevistó con el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, para intentar llegar a un acuerdo: la Conferencia Episcopal andaluza rechazó de plano la nueva ley, y ha pedido a la Conferencia Episcopal española que ampare su rechazo de la ley autonómica y "use su competencia" para lograr que el gobierno paralice cautelarmente la ley y evitar una situación de "inseguridad jurídica" (según un documento publicado por El Mundo, 15-12-1999), y el Obispo de Córdoba de "injerencia del estado" y de propiciar "una cultura totalitaria" (El País, 16-12-1999).
El cura se queda sin caja
Miguel Castillejo, sacerdote, prelado de honor del Papa y presidente de CajaSur, la Caja de Ahorros de Córdoba que es, a su vez, la segunda caja de ahorros más pujante de Andalucía, es definido por políticos andaluces como un hombre con gran habilidad para moverse "en la geometría del poder", y que hubiera disfrutado horrores como Cardenal en los tiempos de los Borgia (El País, 3-12-1999).
Tras 25 años al mando de CajaSur (fue nombrado a finales del Franquismo), Castillejo se ha convertido en un hombre todopoderoso, que ha extendido sus tentáculos por cada rincón de la sociedad cordobesa. Y no es para menos: está al frente de una entidad que cerró 1998 con 2.027 empleados en nómina, una red de 510 oficinas y un beneficio antes de impuestos de 13.270 millones de pesetas.
Uno de los principales instrumentos a su disposición para comprar voluntades es el presupuesto destinado a obras sociales y culturales, uno de los más generosos de toda la región, y que provoca que antes de acudir al Ayuntamiento a pedir una subvención se acuda a CajaSur.
Castillejo utiliza también los medios de comunicación para aumentar su control: CajaSur es accionista del diario local Córdoba [Por cierto: Castillejo es miembro del Consejo de Administración de la COPE (El País, 22-5-1999), el principal órgano de comunicación clerical de España].
Hombre de carácter marcadamente autoritario y con mala hostia cuando se enfrenta con negativas, sus problemas empezaron tras las elecciones municipales del pasado junio, cuando IU y PSOE criticaron públicamente su "intervencionismo" y exigieron "que salga el señor Castillejo y explique cuales son sus intereses para que gobierne el PP".
¿Se debe a este enfrentamiento la nueva ley aprobada por el parlamento andaluz? Quizá. No deja de ser simbólico que ambos partidos sólo han denunciado a Castillejo después de las elecciones, y no por su poder caciquil, sino por impedirles subirse al carro del poder. Así nos va.
El motivo de esta actitud radical de los obispos es que, según la ley, la Iglesia perderá parte de sus privilegios en CajaSur, que es la Caja de Ahorros de Córdoba y una de las mayores de la región. Fundamentalmente, estas pérdidas se resumen en dos: por un lado, la Iglesia dejará de tener el control directo de la entidad que hoy detenta gracias a que domina un 35% del cabildo catedralicio, y pasará a ocupar como máximo el 9%, tal y como ocurre con cualquier entidad jurídica en las otras cinco cajas de la región. Y, por otro lado, al establecerse la edad de jubilación de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas en 20 años significa el retiro automático del actual presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo, de carácter autoritario y con una enorme influencia en todos los ámbitos de la sociedad cordobesa gracias a su cargo. Lo más interesante de todo esto es que ha salido a la luz, gracias a las denuncias de los obispos, que un acuerdo firmado entre el gobierno y el Vaticano en 1979 "recogía las particularidades de CajaSur" (El País, 15-12-1999), así como una disposición de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (LORCA) de 1985 (aprobada por un gobierno del PSOE), en la que se reflejaba dicho acuerdo (El País, 16-12-1999). Debido a los favores efectuados constantemente por el PSOE, así como la disposición de este en llegar a un acuerdo con la Iglesia sin duda volverá a ganar la Iglesia, que no conoce límites a la hora de defender sus privilegios o de aumentar su patrimonio.
Como último ejemplo de esto vale el que se ha destapado a mediados de septiembre en Andalucía, cuando la prensa se hizo eco de un desfalco legal llevado a cabo por la Iglesia en Tocón, una localidad situada en Granada. Allí, los vecinos exigen a la Iglesia que devuelva una herencia valorada en 1.200 millones de pesetas legada por el terrateniente local, fallecido en 1967, y que en su testamento ordenó que su fortuna sirviera para impartir enseñanza gratuita, financiar becas de estudios y crear un centro de asistencia de ancianos. Una vez muerta la esposa, en 1990, la Iglesia intervino en el asunto, y el Arzobispo de Granada, el ecónomo del arzobispado y el párroco local ocuparon todos los puestos de relevancia en la fundación creada para cumplir los deseos del fallecido. Una oportuna modificación de los estatutos de la fundación, introducida en 1993, añadió un nuevo destino del dinero: las ayudas al sagrado apostolado. Desde ese momento toda la propiedad pasó a tener la consideración de bienes afectos a la iglesia y, por tanto, regidos por el derecho canónico, reconocido este por el Concordato entre el gobierno y el Vaticano, y que consiste en que la Iglesia tiene su propio "Código Penal", independientemente del de el resto de la población.
Las protestas contra la Iglesia después de su desfalco legal en Tocón han provocado que ofrezca un centro de reunión para ancianos durante el día, y no una residencia como tal, lo cual los vecinos se niegan a aceptar.
Gracias a esta operación, que se ajusta como anillo al dedo a la definición del Cardenal Carles de "especulación fría, lejana y pasiva", generada gracias a "aquello que solo se hace moviendo papeles de casa", la Iglesia pasó a hacerse cargo de la fortuna del difunto y, como consecuencia, las becas de estudios gratuitos no han sido convocadas nunca. Asimismo, la nueva cláusula fue utilizada por la Iglesia para ampliar su patrimonio inmobiliario, y los curas llegaron a un acuerdo con una constructora. cambiando las fincas que poseía el terrateniente (el 95% del pueblo) por la construcción de iglesias en diversas localidades. La residencia de ancianos que establecía el testamento no se ha construido nunca y, de hecho, el único acto de beneficencia que afectaba directamente al pueblo en si fue la cesión por 30 años de un solar... a la Guardia Civil, para instalar un cuartel. Y dado el cabreo que tiene la población, la inversión está más que justificada, ya que los vecinos han llegado a amenazar con una huelga general si, como mínimo, no se construye la residencia de ancianos (El País, 17-9-1999).
Paremos aquí por esta vez este breve repaso a las vísceras financieras de la Iglesia, que no dejaran de darnos que hablar. No sin razón, en este caso al menos, San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, decía: "Evita como la peste a un hombre de la Iglesia que sea también un hombre de negocios". Desde aquí, recomendamos un ligero cambio: "Evita como la peste a un miembro de la Iglesia, porque es también un hombre de negocios".
